Resumen: La Sala de suplicación confirma el criterio del Juez de lo Social que considera que no concurre fuerza mayor ni causa para la reducción de jornada de 179 trabajadores adscritos a los centros logísticos de la provincia (dependencias de apoyo, oficinas de administración, recurso humanos, coordinación y supervisión, servicios de expansión y mantenimiento, compras y productos, calidad y apoyo logístico e informático) cuando se había autorizado previamente un ERTE del personal de tiendas abiertas al público. En el caso examinado, el personal incluido en la medida, no prestaba servicios en tiendas abiertas al público, por lo que la Sala entendió que no se justificaba la causa , ni su vinculación de forma directa con la situación de COVID-19 y la alerta sanitaria, ya que la afectación tendría relación con quienes prestan servicios en las mencionadas tiendas, lo que ya fue reconocido a nivel nacional.
Resumen: La empresa recurre en suplicación la sentencia de instancia que la condena al pago de pluses de manutención, transporte y ropa de trabajo en cuantía de 972,75 euros más el interés por mora, si bien la absuelve del abono de las horas extraordinarias no remuneradas. En la instancia, el juzgado reconoció que la categoría profesional de la actora era la de dependienta, Grupo profesional IV, nivel 4B, aplicando el convenio sectorial de la empresa y subsidiariamente el de Hostelería y Turismo de Cataluña, y no la reconocida de auxiliar de cocina. La empresa aplicaba el convenio colectivo de empresa y subsidiariamente el de detallistas, mientras que la trabajadora defendía la aplicación del convenio de Hostelería, lo que no fue admitido. La trabajadora impugnó la admisión del recurso de suplicación por falta de cuantía, señalando que la sentencia no excedía los 3.000 euros y que la cuestión de la categoría profesional ya había sido resuelta en otro procedimiento. El tribunal declaró inadmisible el recurso de suplicación por no superar la cuantía legalmente exigida, y porque la cuestión de la categoría profesional no formaba parte del objeto del procedimiento recurrido, sino que había sido objeto de otro proceso resuelto con sentencia firme. Se anuló la tramitación del recurso y se confirmó la firmeza del fallo de instancia.
Resumen: En el asunto examinado la parte actora reclamaba el abono de 6.511,46 € en concepto de vacaciones generadas y no disfrutadas por el periodo comprendido entre los años 2014 y 2020. La sentencia del JS apreció la prescripción del derecho. La Sala de suplicación después de recordar que el Derecho de la Unión no se opone a la aplicación de plazos de prescripción, siempre que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión, considera que en el presente supuesto, queda acreditado que la la empresa actuó de forma proactiva al disfrute de las vacaciones, acreditando en juicio que durante la vigencia de la relación laboral con la demandante propició el disfrute de las vacaciones anuales de esta y del resto de sus trabajadores.
Resumen: La Sala afirma después de citar la normativa aplicable y la jurisprudencia del TS que las medidas debatidas adoptadas por LABORATORIOS MEDICAMENTOS INTERNACIONALES SA constituyen todas ellas MSCT porque: el 4.º turno de fines de semana/festivos en fabricación (jornadas de 12 h) afecta a régimen de turnos y jornada -art. 41.1 a) y c) ET- y aunque en 2024 se cubriera voluntariamente por 6-10 personas, la implantación estructural y definitiva para la plantilla lo convierte en MSCT colectiva, que exige causas ETOP y consultas; el trabajo en Semana Santa tras aproximadamente 40 años sin prestar servicios (salvo 2015) -práctica consolidada-, constituye una condición más beneficiosa y además modifica el calendario y su supresión requiere procedimiento del art. 41 ET; el nuevo reparto de vacaciones en agosto altera un régimen general de disfrute frente a convenio -15 días ininterrumpidos entre junio y septiembre-, impuesto unilateralmente, sin consultar.
Resumen: La resolución examinada, estima el recurso interpuesto por el Fondo de garantía Salarial (FOGASA) contra la sentencia dictada en un proceso de despido con vulneración de derechos fundamentales en la que se había declarado la nulidad del mismo. El fondo había aportado indicios de sucesión de empresa respecto de dos mercantiles, y la parte actora se había negado a llamarlas al proceso. La sala de suplicación después de recordar la doctrina en materia de litisconsorcio pasivo necesario y delimitar las facultades procesales del FOGASA en el proceso laboral, incluida la de solicitar, aun en contra de la voluntad de la empresa demandada, que la demanda se extienda a otras empresas, en los casos de grupos laborales de empresas, contratas y subcontratas, o como en el presente caso, de sucesión empresarial, considera que efectivamente la entidad gestora aportó indicios suficientes de una posible sucesión de empresas, por lo lo que estas debieron ser llamadas al procedimiento y no habiendo sido así acuerda la nulidad de actuaciones para que se amplíe la demanda contra las mercantiles señaladas.
Resumen: Recoge los cánones de la interpretación de los convenios colectivos -arts. 3 y 1281 CC- y afirma que como el precepto usa el imperativo "tendrán", impone un porcentaje indisponible en las plantillas vinculadas al contrato público, mantener entre el 10 y el 15% de contratos a jornada completa partida en las plantillas de las adjudicatarias y establece dos reglas complementarias, deber empresarial general de respetar unas concretas fronteras en relación con las personas trabajadoras con contrato a jornada completa partida vinculadas a las contratas en cuestión -regla general- y se añaden los contratados a tiempo parcial que rechazaron la conversión a jornada completa partida -regla especial- y esta última regla revela que si el denominador fuera toda la plantilla (incluida la parcial), la cláusula que añade solo ciertos parciales carecería de sentido (sería redundante), por lo que el porcentaje ha de calcularse sobre el conjunto de contratos a jornada completa adscritos al servicio y solo se suman -a efectos del numerador- los parciales que rechazaron la novación con la finalidad de asegurar un equilibrio organizativo en las contratas sin inflar artificialmente el denominador -Lote 2 (326 FT), máximo 49 (15%); Lote 4 (274 FT), máximo 41, superándose los límites-, y se concluye que los porcentajes (10 y 15%) de jornada completa partida del art. 19 del Convenio deben calcularse solo sobre el personal a jornada completa adscrito a la contrata, no sobre toda la plantilla.
Resumen: Salvo en los casos de suspensión derivada violencia de genero, a efectos de determinar la duración de la prestación por desempleo en función de los periodos de ocupación cotizada, no pueden tenerse en cuenta las cotizaciones que ya hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, sin que puedan tampoco computarse las que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, durante el tiempo correspondiente al abono de la prestación, incluyendo la derivada de la suspensión de contrato por ERTE Covid. Reitera doctrina establecida a partir de sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022).
Resumen: La Sentencia analizada, resuelve el recurso del trabajador contra la sentencia que estimó parcialmente su reclamación de cantidad, y tras rechazar la aportación de documentos aportados con amparo procesal en el artículo 233 de la LRJS, sostiene que en su recurso el trabajador efectúa una alteración sustancial del debate de instancia al reclamar el derecho a percibir la compensación de las vacaciones no disfrutadas una vez extinguida la relación laboral, mientras que en la demanda lo que se reclamaba era el abono de las vacaciones correspondientes al periodo de devengo de salarios de tramitación tras la readmisión y subsiguiente situación de excedencia voluntaria.
La sala considera que hay una alteración indebida de los términos del debate y que además la censura jurídica efectuada en el recurso, no desvirtúa la fundamentación de la sentencia recurrida, conforme a la cual, las vacaciones no pudieron disfrutarse tras la readmisión porque el trabajador pasó a la situación de excedencia voluntaria para poder seguir prestando servicios en otra empresa, por lo que no procede su compensación económica.
Resumen: La Audiencia Nacional estima la demanda interpuesta por el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones frente a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. La Sala declara que en la retribución de las vacaciones de las personas que prestan servicios en los denominados CTA (Centro de Tratamiento Automatizado) en turno de noche se habrán de incluir todos los conceptos salariales que aquellas perciban de forma ordinaria o habitual, incluido el plus de nocturnidad. Previamente, se desestiman las excepciones de cosa juzgada e inadecuación de procedimiento. Se sigue al efecto la doctrina de la Sala IV del TS que sigue precedentes del TJUE.
Resumen: Se estima el recurso del SEPE en el que plantea si la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE-Covid debe computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. La Sala reitera que no hay derecho a generar prestación durante el tiempo que el actor estuvo en situación de fuerza mayor COVID, por lo que el periodo por desempleo por causa de un ERTE-Covid no se puede considerar como periodo de ocupación cotizada a efectos del reconocimiento de un nuevo derecho a la prestación. Señala en interpretación del art. 269 LGSS que no pueden tenerse en cuenta cotizaciones ya computadas para el reconocimiento de un derecho anterior ni computar las del SEPE o empresa durante el tiempo de abono de la prestación. La normativa especial COVID-19 no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, ni pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo COVID. Además, los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo establecen que tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación. Se descarta que quepa aplicar una especie de doctrina del paréntesis.
